Incas sí, indios no... (entran a Machupicchu)

Por César R. Nureña

Ayer, al iniciar mis ejercicios matinales –zapping, básicamente-, noté que varios canales de televisión cubrían “en directo” los festejos oficiales por los 100 años del “descubrimiento científico” de Machupicchu. Iba a dejar de ver esas cosas cuando, repentinamente, algún reportero mencionó un alboroto que se había armado en la zona de ingreso al “santuario”, protagonizado por un grupo de “alcaldes” a quienes no se permitía el ingreso. “Somos envarados”, decía alguien. No se trataba del tipo de “envarados” que esgrimen el carné de algún partido (o una tarjeta del “Doctor Chantada”). Eran, en realidad, alcaldes vara o varayocs, autoridades tradicionales de comunidades andinas que vestían ponchos, sombreros y chullos, y habían llegado al lugar con el ánimo de participar en la ceremonia oficial. “Somos autoridades de la zona, de todo el valle, que hemos venido a la celebración. Ustedes están en nuestra casa y no nos dejan entrar”, alcanzó a decir uno de ellos (serían unos veinte, quizás más, quizás menos.)

Desde Lima, un indignado Federico Salazar ensayaba una justificación para la restricción del ingreso de estos sujetos indeseables: “Pueden poner en riesgo la integridad del monumento”, decía solemne el conductor de televisión. Nada más jalado de los cabellos, considerando que ya habían ingresado varios cientos de personas: “notables” de Lima y del Cuzco, visitantes extranjeros, gente de la industria del turismo, artistas y periodistas, entre muchos otros (además, como es sabido, Machupicchu recibe entre mil y dos mil turistas en un día cualquiera).

Poco después, ya con la presencia del presidente, un tipo disfrazado de Pachacutec, rodeado de una corte de “siervos” y bailarines, daba inicio al ritual propiciatorio –de visitas turísticas-, concentrando el interés de las cámaras y los comentaristas de televisión, que se deshacían en muestras de admiración por la “cultura andina” y sus proezas.

“Incas sí, indios no”, el título de un trabajo de Cecilia Méndez sobre el nacionalismo criollo (IEP, 2000), es lo primero que se me vino a la mente luego de ver estas escenas. Esa pequeña frase sintetiza quizás mejor que ninguna otra los ríos de tinta que han corrido hasta hoy en torno al lugar que ocupa el grueso de la población andina, no solo en la pirámide social peruana desde hace más de cinco siglos, sino también en los imaginarios colectivos que sostienen la idea de “peruanidad”.

“Incas sí, indios no” era el mensaje implícito, pero elocuente, de aquel suceso en apariencia insignificante, y que sin embargo condensa y revela de manera palpable y a la vez simbólica las fracturas históricas de un país cuyas elites reivindican su pasado incaico glorioso, al mismo tiempo que desprecian y excluyen a los descendientes de quienes precisamente forjaron ese pasado.

Esa pequeña escena me pareció significativa también porque, por un lado, me llevó a pensar en cuán vivas y vigentes están las jerarquías étnicas, socioeconómicas, políticas y simbólicas que organizan la vida cotidiana en la sociedad peruana del siglo XXI. Jerarquías que se evidencian, por ejemplo, en cómo se ningunea a quienes expresan reclamos legítimos en los conflictos sociales que se desarrollan hoy en día en todo el país; y en el acceso diferenciado a recursos, al espacio público y a formas de representación y reconocimiento.

Por otro lado, lo ocurrido en Machupicchu me puso también a pensar en si han servido de algo o no las décadas y décadas de discusiones políticas y esfuerzos académicos sobre el indigenismo, la nación peruana, la diversidad cultural y –más recientemente- la “interculturalidad”, a la luz de lo que ocurre hoy en la sociedad peruana contemporánea.

Hace unos días discutí en el Facebook con un comunicador social con postgrado en “interculturalidad”, quien me ofrecía una imagen de los aymaras de Puno: el hombre aymara –para él- es depositario de valores superiores, tiene una “cultura milenaria” y vive en armonía con su entorno (casi casi el bon sauvage de Rousseau). Él los “conoce” de cerca porque ha trabajado con ellos implementando “proyectos de desarrollo”. Esa era su introducción para referirse luego al reciente conflicto violento protagonizado por grupos aymaras que se oponen a la explotación minera en su región. Estos mismos aymaras –continuaba este señor- no tienen suficiente educación (i. e. son ignorantes), no han elegido bien a sus autoridades (i. e. actúan irracionalmente) y necesitan que les lleven el “desarrollo” (por supuesto, los técnicos del desarrollo, como él, se encargarían de esta tarea).

No hace mucho, era común encontrar entre los indigenistas de inicios y mediados del siglo pasado a hijos de gamonales que pasaban a convertirse en intermediarios paternalistas entre el Estado y los campesinos indígenas (con la promesa implícita de “educar” y llevar la “civilización” al indio).

Pareciera que las cosas no han cambiado mucho en el Perú de hoy. Las mismas jerarquías, diferentes actores, promesas similares. ¿No será acaso que la “interculturalidad” -este proyecto ético-político latinoamericano de diálogo y reconocimiento mutuo y horizontal entre culturas diversas- corre el riesgo de ser tergiversada en manos de un indigenismo criollo recargado, que terminará haciéndola funcional a los intereses de las mismas elites que glorifican a los incas pero excluyen a los indios?

Por un arancel de nuevo tipo

.

Por César Nureña

.

¿Cuál sería el costo de producción de aquel par de zapatos, lindos y sofisticados, "made in China", que pretendían venderme la semana pasada, por poco menos de 500 soles (unos 180 dólares)? ¿Cuánto le estarían pagando a los obreros chinos que los hicieron? Difícilmente podría saber ésto, pero era sencillo imaginar las diferencias entre el precio final y el costo de producción. ¿No sería macanudo que, como consumidores, podamos exigir que se nos brinde este tipo de información sobre los productos?

Comprendemos sin esfuerzo cómo es que hoy, a gran escala, ciertos (muchos en realidad, deben ser la mayoría) grandes productores y/o mercaderes, transnacionales o no, fundan precisamente su grandeza y pujanza en esos "plus" logrados a partir del aprovechamiento de la mano de obra barata de lugares depauperizados, y de las facilidades para el flujo de productos hacia mercados en los que los precios de venta superan en varios cientos por ciento los costos reales de su producción.

Desde luego, nada hay de extraño en que las grandes corporaciones tiendan a maximizar sus ganancias. Es para lo que están diseñadas. Además, los precios se forman, transforman y deforman mediante la oferta y la demanda. Pero, en este juego de la determinación de los precios, la información fluye solo en un lado del espectro. Las empresas y los comerciantes saben cuánto cuesta producir algo y cuánto ganan con la venta. Tienen también muchas veces información sobre el comportamiento de los mercados de insumos y otros factores de la producción, información bursátil, etc.

Los consumidores, en contraste, por lo común tienen acceso solo a la información que nos es dada sobre los precios de venta de los productos, la marca, el lugar de elaboración, a veces algunas instrucciones, recomendaciones de uso, o datos sobre componentes o características.

Hay productos comestibles que incluyen en las etiquetas o envoltorios información nutricional, componentes y número de registro sanitario. Hay normas que obligan a los fabricantes de cigarrillos a colocar avisos en los paquetes señalando que son dañinos para la salud. Las etiquetas de la cerveza y otros licores indican que beber en exceso es dañino, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.

Es debido a muchos factores que existen normas que prescriben que quienes producen u ofrecen los bienes nos den también ciertos datos sobre el producto u otra información relevante. Hay mecanismos administrativos (sanitarios, por ejemplo) y político-institucionales y legislativos (leyes de defensa de los consumidores) que, desde los Estados, regulan esto hasta donde pueden. Existen también normas técnicas internacionales, además de información brindada por los propios productores (p.e. para facilitar u optimizar el uso de artefactos).

Pero también la acción concertada de los consumidores puede ejercer presión sobre los mecanismos administrativos y políticos mencionados, e incluso sobre las corporaciones. Los movimientos de consumidores han tenido desde hace varias décadas un rol importante en los mercados, no solo en los países noratlánticos; y no pocas veces el boicot abierto o las amenazas de boicot han puesto contra las cuerdas a grandes corporaciones. La historia económica reciente puede dar testimonio de estos casos.

En el nivel microsocial, el comprar o no una cosa en un mercado "libre" es comúnmente la expresión de una decisión económica en la que el actor social evalúa sus necesidades en función de lo que los bienes significan y satisfacen, pero también atendiendo a costos y beneficios y a lo que se sabe o no sobre los productos.

Dado que la información hace parte de las decisiones económicas y de su eficacia, los consumidores podemos exigir que se nos informe sobre los detalles que queramos saber acerca de los productos que nos son ofrecidos. Podemos poner condiciones explícitas o tácitas.

Si quiero comprar un cuaderno para ir a clases en San Marcos, de entre dos similares, quizá me incline por uno que traiga el mensaje: "hecho con papel reciclado". Hay también iniciativas de "comercio justo" en las que las cosas y los precios se manejan dentro de ciertos estándares de equidad y beneficio mutuo tanto para productores como para consumidores.

En el documental "The Corporation", de Mark Achbar y colaboradores, un funcionario norteamericano mostraba cómo la etiqueta de una prenda de vestir alentaba su adquisición indicando que un porcentaje del precio pagado se destinaría a la "ayuda a los niños". No obstante, una investigación había revelado que la prenda había sido confeccionada con mano de obra infantil subvaluada en un país muy muy pobre.

¿Qué pasaría si una norma obligara a las transnacionales y/o empresas importadoras a mostrar en las etiquetas de los productos información verificable sobre su costo de producción y el salario mensual promedio (expresado en euros o dólares) de quienes los hicieron? Pienso que ésta sería información relevante que a muchos consumidores les gustaría tener en cuenta al momento de tomar una decisión de compra. ¿Podemos exigir que se nos dé esa información? Yo creo que sí. ¿Por qué no?

Si contáramos con esa información, ¿les sería posible a los productores y grandes mercaderes elevar, sin rubor, hasta la obscenidad los precios de lo que nos venden? Sospecho que ahorraríamos mucho.

Si planteáramos, por la vía que fuere (política, legislativa, administrativa, etc.), que se nos brinde esta información sobre costos y salarios, ¿qué podrían alegar las corporaciones para negarse a ofrecerla? A fin de cuentas, somos nosotros quienes las sostenemos con nuestras decisiones de compra (des)informadas. Somos, en última instancia, los patrones.

Aún sin una norma que las obligue, algunas empresas, las que no teman ser sinceras, podrían voluntariamente ofrecer esta información como una forma de mostrarse transparentes con sus clientes. Éstos últimos podrían preferir comprar a éstas empresas, no solo por la buena voluntad o por el lindo gesto, sino por que estarían pagando precios "razonables", según sus propios estándares, y no solo según los criterios de quienes aparecen como poniendo los precios siguendo el libre juego de la oferta y la demanda, "inspirados" y tocados por "la mano invisible" del mercado.

Esa sería una forma. Pero lo ideal, desde mi perspectiva, sería tener normas de transparencia comercial de este tipo publicadas en el diario oficial o expresadas en acuerdos internacionales. Quiero pensar que esto es posible. Ya va a venir el día!!!

.

(Un fantasma recorre los mercados... )